Como consecuencia de las objeciones realizadas a una empresa integrante del grupo “Sitio 0 Quequén S.A.”, que comenzó a ejecutar la construcción de un elevador en Puerto Quequén, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un decreto a través del cual se solicita al gobernador Daniel Scioli que “arbitre los medios y las medidas que considere pertinente a los efectos de clarificar y transparentar la situación planteada en el Consorcio de Gestión”.
A su vez, se resolvió convocar a un Concejo en Comisión para el próximo miércoles, a las 18, citándose al titular del ente portuario, José Luis De Gregorio, así como a la totalidad del Directorio; a los ex directores Martín Caraffo y Felipe Mancino, además del representante municipal actual, Horacio Alfredo Vidal y al anterior Carlos Sajarne.
A las mencionadas decisiones se arribó tras un arduo debate que tuvo lugar anoche, en el marco de una sesión ordinaria donde inicialmente se puso a consideración el proyecto de decreto del bloque de la Unión Cívica Radical, requiriendo que se peticionara al gobernador la intervención del Consorcio de Gestión, a raíz de las operaciones financieras que efectuó Financial Net (integra Giro 0) con el empresario Lázaro Báez.
Finalmente, ante la propuesta conjunta del presidente interino, Ricardo Calcabrini (FpV) y de la socialista Andrea Perestiuk, se dejó de lado la solicitud de “intervención”, para pedirle medidas “clarificadoras” al gobernador.
El radical Alberto Esnaola hizo hincapié en la investigación del fiscal federal José María Campagnoli, quien lleva adelante una causa de lavado de dinero, para remarcar que un millón de dólares fue depositado en la cuenta 695/1251 del operador político kirchnerista, Roberto Porcaro, y de su esposa Patricia Sirvente. Ofreció como prueba la documentación de la que se desprende que la transferencia se realizó el 27 de diciembre del año pasado en Bonar VII (títulos en dólares).
El edil fustigó a Financial Net por haber negado, a través de una solicitada, haber concretado la operación, al tiempo que acusó a esta operadora bursátil de haber remplazado a SGI, la cuestionada compañía de Federico Elaskar que fuera denunciada en un resonante caso de lavado de dinero que investiga la Justicia.
“Le mintió a los necochenses”, acusó Esnaola, para aclarar que “queremos las inversiones transparentes y honestas”, advirtiendo que “no se trata de una movida electoral ni publicitaria”.
Asimismo, enfatizó que “también cuestionamos la relaciones políticas de Porcaro con el Consorcio de Gestión”, aludiendo a que un directivo del ente autónomo es socio de la esposa del dirigente político en una empresa verificadora de Quequén.
Réplica
Mientras tanto, Marcelo Ordoqui (FpV) consideró que la iniciativa de la UCR era “pobre” y “lamentable”, entendiendo que “se basa sólo en rumores y en chusmeríos de barrio”, para preguntarse “¿si Esnaola tenía pruebas porqué no las incorporó al expediente?”.
“Roberto Porcaro es la llave de los negocios en Puerto Quequén, como en su momento lo quiso ser en la Municipalidad”, destacó el presidente de la bancada de la UCR, Gonzalo Diez, quien estimó que “el fiscal demostró que Financial Net está sospechada de lavado de dinero”.
A juicio del edil radical, el mencionado operador K “es el responsable de todos los males de Necochea” y se preguntó: “¿A quién nos vamos a dirigir, al Papa? No, el responsable es Scioli…”
Para el titular de la bancada de Unión Peronista, Pablo Aued, resulta evidente que “hay gravísimas irregularidades”, dijo que “se torna necesario poner luz sobre elementos tangibles” e insistió en que “hay que transparentar la situación en Necochea y en toda la región que opera con el puerto”.
Planteó sus dudas acerca del impacto ambiental del emprendimiento y consideró conveniente que no sólo se diluciden los aspectos relacionados con el giro 0, sino también con los giros 11 y 12, donde se desarrollará un proyecto vinculado con los fertilizantes. En ambos casos, según explicó, no se llamó a licitación, sino que se concedieron las autorizaciones en el marco de la iniciativa privada que contemplan las normas del CGPQ.
Una audiencia pública
La posibilidad de convocar a una audiencia pública está contemplada en el segundo artículo del proyecto de decreto presentado por Unión Peronista y se indicó que será realizada en caso de no alcanzarse resultados satisfactorios en el Concejo en Comisión del miércoles venidero.
Pablo Aued también entendió conveniente que se brinden detalles acerca de la documentación de la titularidad dominial y aspectos referidos a la cuestión ambiental, por lo que dijo que es aconsejable que participen organizaciones que trabajan en esa materia en nuestro medio.
La concesión por 35 años otorgada a la empresa Giro 0 implicará una inversión del orden de los 60 millones de dólares en dos etapas. La sociedad está integrada por las firmas Alea y Cía S.A., Lartirigoyen y Compañía S.A., A.& J. Nari S.A., Financial Net y E. Grain.
El 8 de febrero último se firmó el contrato por el mencionado período, con una opción a prórroga, a favor del concesionario, por 10 años más. /// FTE ECOS DIARIOS
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