Autoridades del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén reiteraron su decisión de ponerse a disposición de la Justicia

El consorcio portuario no descartó actuar como querellante en una causa

Autoridades del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén reiteraron su decisión de ponerse a disposición de la Justicia, en relación con una causa originada en 2013, cuando el ente era conducido por José Luis De Gregorio, de estrechos vínculos con el operador kirchenrista Roberto Porcaro.

Se trata de una investigación vinculada con la concesión de un espacio del puerto, en el que hoy se halla instalada la terminal de Sitio 0.

Un día después que agentes judiciales solicitaran información vinculada con esa causa, el presidente del consorcio portuario, Arturo Rojas, ofreció una conferencia de prensa acompañado por los directores Juan Carlos Peralta, Pablo González, Fernando Milesi y Arturo Zufriategui, así como por Marcelo Rodríguez Olivera, representante municipal en el ente , además de miembro del área legal del puerto.

Rojas apuntó que desde que se halla a cargo del puerto la de ayer fue la segunda oportunidad en que la Justicia requiere información con esa causa, aclaró que el Consorcio de Gestión “no es parte” de la misma. Pero adelantó que en el directorio se decidió “nombrar a un representante legal para que tome vista del contenido del expediente y, eventualmente, ser parte querellante”

Dicho representante legal aún no ha sido designado. Adelantaron que será un profesional foráneo.

Consultado sobre la actuación de agentes judiciales este lunes en oficinas del ente portuario, Rojas indicó que presentaron una nota solicitando poderes de 2010 a la fecha, otorgados a través de dos escribanías locales, habiendo actuado como profesionales del derecho los abogados Tomás Fuentes Benítez y Juan Spinelli.

El directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén insistió en manifestar su “predisposición para colaborar con la Justicia, de modo tal que se produzca el esclarecimiento de los hechos investigados y se llegue a establecer la verdad de los hechos”.

Se puso énfasis en desligar a la actual conducción portuaria de aquellos hechos, sin que se hicieran nombres, citándose sólo el número de la causa (2492) de la Justicia Federal.

Aquella investigación intenta determinar si hubo cohecho (coima) al otorgarse la concesión de un espacio físico de Puerto Quequén.
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