En este especial recorremos los treinta años de democracia Argentina. Años de logros, conquistas y frustraciones, treinta años que dicen Nunca Más al autoritarismo.
TRAS CRUENTA DICTADURA, ALFONSIN ASUME CON RESPONSABILIDAD DE RETOMAR LA SENDA DEMOCRATICA
La presidencia de Raúl Alfonsín se inicia en 1983 para poner fin a una cruenta dictadura cívico militar de siete años y con la responsabilidad de retomar y asegurar la senda democrática, dando comienzo a un período de gobierno caracterizado por el juicio a las juntas militares, varios alzamientos militares y un final anticipado del mandato presidencial.
Con casi el 52 por ciento de los votos, el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical triunfó en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, tras un histórico y multitudinario cierre de campaña en la avenida 9 de Julio, en el que Alfonsín llamó a terminar con la violencia y bregó por la libertad, la justicia social y la democracia.
Al asumir como trigésimo tercer presidente constitucional de la Argentina, el flamante mandatario advirtió que la transición sería convulsionada y no se equivocó.
Durante su mandato, debió afrontar dos grandes desafíos: la consolidación de la democracia y un gobierno condicionado por la crisis económica y una escalada inflacionaria, desatadas luego de que recibiera un país quebrado debido a una desastrosa administración llevada a cabo por los jerarcas militares. "Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina.
Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos, la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los futuros tiempos, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina", decía en aquel primer recordado discurso.
Uno de sus primeros actos de gobierno, apenas 3 días después de asumir, fue firmar dos decretos en los que se procedía a enjuiciar a los miembros de las tres juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, y a las cúpulas guerrilleras.
Cumpliendo su promesa de campaña de luchar por la verdad y la justicia, Alfonsín crea la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sabato, y días después la Cámara de Diputados deroga la ley de autoamnistía dictada en el último período de la dictadura.
Casi un año después, en setiembre de 1984, la CONADEP entregó al presidente un informe de 50.000 carillas, donde se sostenía que la dictadura había producido "la más grande tragedia de nuestra historia" y demostrando la desaparición de al menos unas 10.000 personas.
En 1984, el gobierno radical acepta una propuesta del Vaticano en relación a un acuerdo con Chile sobre el Canal de Beagle, y tras un amplio triunfo del "Sí" en una consulta popular, se suscribe el tratado de Paz y Amistad con el país trasandino.
En septiembre se realiza el primero de los trece paros generales de la CGT, que se había unificado bajo la conducción del dirigente sindical Saúl Ubaldini, en contra de la política económica del gobierno alfonsinista que fue un verdadero tembladeral.
1985 es clave en materia económica: Juan Vital Sourrouille reemplaza a Bernardo Grispun al frente de la cartera de hacienda y, en un acto en Plaza de Mayo, Alfonsín convoca a poner en marcha una economía "de guerra" en el país. Al mismo tiempo, crea el Plan Alimentario Nacional (PAN) para proveer alimentos a los sectores más empobrecidos.
Sourrouille anuncia el lamanzamiento del "Plan Austral", que impide emisiones monetarias, congela precios y salarios, y crea una nueva moneda a través de un decreto, el austral, equivalente a 10.000 pesos argentinos.
Ese mismo año, la Cámara Federal juzga a los ex comandantes de la dictadura. Finalmente, la sentencia establece prisión perpetua para Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera, lapsos menores de cárcel para otros acusados y algunas absoluciones.
También se juzga a los responsables políticos de la Guerra de Malvinas: el almirante Jorge Isaac Anaya es destituido y condenado a 14 años de prisión; 12 años al general Leopoldo Fortunato Galtieri y 8 años al brigadier Basilio Lami Dozo.
Luego de estos juzgamientos, se profundiza la tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y pesan sospechas y acusaciones cruzadas sobre muchos oficiales, lo que va generando un creciente estado de malestar entre las filas castrenses.
Para intentar bajar el tono de las críticas militares, Alfonsín promulga -en diciembre de 1986- la ley de Punto Final, que pone un límite de 60 días para las denuncias judiciales sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y que finalmente estableció la paralización de los procesos judiciales.
Tras esa promulgación, se aceleran las denuncias judiciales y se suceden una tras otra las protestas de oficiales citados en ellas.
En ese marco, tiene lugar el primer alzamiento carapintada: el 16 de abril de 1987 el por entonces teniente coronel Aldo Rico, toma la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, en reclamo de una solución a los juicios militares.
Luego de cuatro días de gran tensión social y política, en medio de la celebración de la Semana Santa, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y logra la rendición de los amotinados.
En la Plaza de Mayo, una multitud se reúne en apoyo a la democracia y el presidente retorna al balcón de la Casa Rosada para anunciar el fin del conflicto, con la famosa frase "Felices Pascuas. La casa está en orden".
Poco después, Alfonsín envía al Congreso la ley de Obediencia Debida, que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban en rangos superiores; es decir, aquellos que habían impartido órdenes y que habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas, lo cual significó una virtual amnistía para los rangos inferiores.
No obstante, el malestar castrense continuó traduciendose en más alzamientos militares: en febrero de 1988 se produce la rebelión carapintada de Monte Caseros, Corrientes, otra vez con Aldo Rico a la cabeza; y el 14 de diciembre, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, se acuartela el coronel Mohamed Alí Seineldín.
En enero de 1989 se produce el sangriento y frustrado intento de copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP), dirigidos por Enrique Gorriarán Merlo, que deja un saldo de más de 30 muertos y numerosos heridos y detenidos.
Se desencadena entonces una serie de hechos económicos que derivan en la salida anticipada de poder de Alfonsín: un proceso de hiperinflación, golpe de mercado producido por los principales grupos económicos, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores, saqueos a supermercados.
El 14 de mayo de 1989, el candidato justicialista, el riojano Carlos Menem, gana las elecciones con el 49 por ciento de los votos, con dos ideas fuerza en su campaña electoral: el salariazo y la revolución productiva.
Pero tras una ola de saqueos a supermercados en todo el país, incidentes que culminan con 14 muertos y un malestar creciente de la población, Alfonsín anuncia su decisión de traspasar de manera adelantada el gobierno a Menem, que se concreta el 8 de julio.
Se inicia de esta manera una nueva década de gobierno, caracterizada por una política económica y social de corte neoliberal, en un contexto mundial caracterizado por un proceso de globalización.
De inmediato, Menem pone en marcha un plan de privatizaciones y se decide el pase a manos privadas de los ferrocarriles, de la telefónica Entel, de los canales 11 y 13 -hasta entonces en manos del Estado-, de Aerolíneas Argentinas y de YPF.
Algunas de sus primeras medidas son el indulto presidencial a 280 procesados, entre los que se encontraban los militares carapintadas, y a los ex comandantes de las juntas; la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia; el envío de tropas al Golfo Pérsico; la ley de convertibilidad y comienza a regir el peso como nueva moneda nacional.
El 17 de marzo de 1992 el brutal atentado contra la embajada de Israel enluta al país, con 29 muertos y decenas de heridos.
Hacia fines de 1993, se producen los primeros encuentros reservados entre Alfonsín y Menem sobre la necesidad de una reforma constitucional y firman el denominado "Pacto de Olivos", base de la reforma constitucional de 1994, que permitió la reelección del presidente justicialista para un nuevo mandato de 4 años.
LOS AÑOS DE ESTADO MINIMO, DESINDUSTRIALIZACION, EXCLUSION Y UNA CONSTITUCION EN ALGUNOS ASPECTOS DE AVANZADA
Reducción del Estado a una expresión mínima, creciente endeudamiento y sometimiento a condicionamientos externos, concentración económica, impunidad, olvido, corrupción, desmovilización social, exclusión, desigualdad y desprecio por la política como herramienta de transformación son algunos de los ejes que definen a la década menemista.
La etapa iniciada a partir de la asunción de Carlos Menem, en julio de 1989, llevó a la Argentina a una de las crisis más profundas de su historia, que llegó a su punto más profundo en diciembre del 2001, luego de la incapacidad del breve gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa, para torcer ese rumbo.
Anclada en una política exterior de alineamiento automático con los Estados Unidos, otro de los aspectos cruciales de esta década para Argentina fue su sumisión a los intereses extranjeros, con la consecuente pérdida de soberanía política y la permanente adopción de políticas que satisficieran intereses foráneos en detrimento de los nacionales.
La Reforma del Estado -que tenía como pilares la reducción del gasto público y derivó en un profundo proceso de privatizaciones- y el indulto a casi 300 represores responsables de delitos cometidos durante la última dictadura fueron las dos principales medidas del comienzo de su mandato que, a su vez, marcaron el perfil de lo que seguiría.
En las antípodas de las demandas de memoria, verdad y justicia, el gobierno menemista no sólo terminó de cerrar el círculo de la impunidad que habían comenzado a trazar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sino que, además, en el plano económico, no hizo más que profundizar y llevar al extremo el modelo instalado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Desempleo, pobreza, exclusión, deterioro creciente de la educación y la salud públicas, desmantelamiento del aparato productivo, predominio de la especulación financiera y concentración del poder económico fueron las aspectos más contundentes derivados de las políticas implementadas por el gobierno de Menem.
La creciente inseguridad laboral y la precarización del empleo caminó de la mano de una pérdida progresiva de cobertura Social que, en el caso de las jubilaciones, se expresó en una reducción abrupta del número de personas en condiciones de acceder a ella.
Incluso, al proceso privatizador se sumó también la seguridad social, que, a fines de 1993, quedó en manos del poder económico -con la transferencia de recursos del Estado al sector privado que eso implicaba- a partir de la aprobación de la Ley de creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a propuesta del entonces ministro Domingo Cavallo, principal hacedor del modelo neoliberal en Argentina, junto con Alvaro Alsogaray.
Ya antes de esta emblemática medida, este rompecabezas siniestro se había consolidado, en el inicio mismo de la gestión de Menem, con una medida que marcaría el comienzo de una década de corrupción e impunidad: la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y la designación de ministros y otros jueces vinculados con el poder, que abrieron paso a la conformación de una Justicia adicta.
En ese marco, se cuenta la multiplicación de casos de corrupción, con hechos y personajes emblemáticos tales como el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, la leche adulterada vendida a los planes sociales, el caso IBM-Banco Nación, la polifuncionaria María Julia Alsogaray, Matilde Menéndez, Víctor Alderete y Adelina D`Alesio de Viola, entre otros.
También, la década de gobierno menemista quedó marcada a fuego por los atentados cometidos primero contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos; y, luego, contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, con la consecuente muerte de 85 personas.
Las irregularidades que signaron a las investigaciones de ambos casos y, fundamentalmente, la falta de voluntad política para avanzar con el esclarecimiento de ambos ataques territoristas, marcaron, también, el camino de impunidad que se transformó por esos años en moneda corriente en Argentina.
A esa senda se sumó luego, el 3 de noviembre de 1995, la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero -que dejó un siete muertos, cientos de heridos- que, hoy a más de 18 años de producido, espera aún una resolución judicial, bajo la hipótesis de que se trató de un hecho intencional destinado a ocultar exportaciones ilegales de armas realizadas entre 1991 y 1995.
De la mano de la falta de Justicia, de la exclusión, de las crecientes brechas de desigualdad, de la falta de oportunidades, del desempleo, de la raleada cobertura social, creció también la desmovilización de la ciudadanía y el descrecimiento no sólo de la dirigencia sino de la política como herramienta de cambio y transformación.
En ese marco, los medios de comunicación fueron el eslabón ganado del menemismo que, con sus medidas -amparadas por los baches que dejaba una vetusta Ley de Radiodifusión, concebida bajo el régimen militar- promovió la concentración económica también en ese plano, con el consecuente cepo que eso implicaba para otras miradas y otras voces.
No obstante, a la par de sus ambiciones reeleccionistas -primero en el `93 y, luego, en 1999- creció también la obsesión del riojano por contar con un multimedios que jugara cien por cien a su favor y que pudiera contrarrestar al omnipotente Grupo Clarín, que en ese entonces iba en contra de sus intereses.
El apoyo de los grandes grupos económicos sumado a las aparentes condiciones favorables que le aportaba a la clase media, sobre todo en los grandes centros urbanos, la Ley de Convertibilidad le permitieron a Menem acceder a un segundo mandato y hacer uso así, por primera vez, de la herramienta de la reelección que había sido incorporada por la Reforma Constitucional 1994.
No obstante, más allá de la reelección, esa Reforma -encarada tras el llamado Pacto de Olivos sellado en 1993 entre Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín- incorporó en la Carta Magna una serie de derechos políticos y sociales que transformarían a la ley de leyes argentina en progresista y de avanzada para la región.
De hecho, el nuevo texto dio rango constitucional a tratados internacionales, acortó el mandato presidencial, instauró la elección directa de presidente con posibilidad de balotaje, incorporó la herramienta de la iniciativa popular y derechos de incidencia colectiva, reconoció a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia y estableció salvaguardas para la vigencia del sistema democrático.
Por otro lado, la reforma estableció medidas tendientes a agilizar el funcionamiento del Congreso y a atenuar el presidencialismo, creó nuevos órganos de control, modificó el procedimiento para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia y de jueces, y creó el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento.
Otra de las medidas tendientes a ampliar derechos que fueron adoptadas en el marco de la década menemista fue la sanción, en 1991, de la Ley de Cupo Femenino, que establece la participación de un mínimo del 30 por ciento de mujeres entre los candidatos a cargos legislativos y en proporciones con posibilidad de resultar electas.
Más allá de estas reformas, las devastadoras consecuencias del modelo neoliberal fueron calando hondo en la sociedad, con millones y millones de niños, niñas, jóvenes, trabajadores, trabajadoras, jubiladas y jubilados excluidos o empujados hacia la pobreza, producto del retiro efectivo del Estado, y de su reemplazo por la denominada "mano invisible" del mercado que lejos, muy lejos, estuvo de cumplir con la profecía de una regulación natural.
A eso se sumaban las decenas de pueblos virtualmente desaparecidos, y las tantas economías regionales amputadas y castigadas por el desmantelamiento del sistema ferroviario, que, tras la célebre frase de "ramal que para, ramal que cierra", pronunciada por Menem en noviembre de 1989, y que se convirtió en uno de los exponentes más emblemáticos de las políticas de corte neoliberal implementadas por su gestión.
Fue en ese marco que, en 1999, asomó para muchos argentinos una esperanza de cambio expresada en la denominada Alianza UCR-Frepaso que, sostenida en una coalición entre el radicalismo y sectores progresistas, prometía marcar un punto de inflexión desde lo político, lo económico y lo social, que sacara de la crisis a la Nación.
Sin embargo, a principios del 2001, cuando ya estaba lejos de cumplir con esas promesas y expectativas, el entonces presidente De la Rúa decidió recurrir a Domingo Cavallo en un supuesto intento de remontar la economía, yendo a contramano de lo que para la mayoría de los votantes de la Alianza debía ser el camino a tomar para salir de la crisis.
Sus llamados "Planes de Competitividad", sin embargo, no hicieron más que profundizar la crisis, que terminó estallando con la implementación del llamado "corralito" financiero, cuando la clase media que había sido favorecida por las políticas de los `90, vio inmovilizados sus ahorros y ese malestar eclosionó al confluir con quienes habían sido castigados por la exclusión social.
Luego, tras la renuncia de De la Rúa y la caída, junto a él, del gobierno de la Alianza, sobrevendría una salida institucional a la acefalía, signada por una sucesión de presidentes que, finalmente dejaría en manos del peronista bonaerense Eduardo Duhalde la transición hacia un nuevo gobierno.
En ese marco, otra vez asomaría en el 2003 la figura de un alicaído Menem que, ya sin el apoyo de una buena parte de la estructura del PJ, logró imponerse en los comicios presidenciales del 27 de abril pero que, sabiendo que se encaminaba inexorablemente hacia una derrota en la segunda vuelta electoral, desistió de competir en el balotaje frente Néstor Kirchner, quien se convirtió así en el nuevo presidente.
El hasta entonces gobernador santacruceño asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003 y buscó cimentar su legitimidad a partir de una alianza con sectores progresistas, y de un acercamiento a organizaciones sociales y de derechos humanos, que marcarían un cambio de raíz no sólo en la política económica y social, sino también en la recuperación del Estado y la política como herramientas fundamentales de inclusión y transformación.
2003-2013 UNA DECADA DONDE SE CUMPLIERON LAS TAREAS DE LA DEMOCRACIA INCONCLUSA
El 25 de mayo de 2003 se inició un proceso de transformación histórica en la Argentina que podría sintetizarse en la siguiente frase: lo viejo comenzó a morir y lo nuevo sigue naciendo.
En el marco de los 30 años de democracia, la década kirchnerista asumió las tareas de la democracia inconclusa para unir las libertades democráticas con la inclusión de las grandes mayorías que habían quedado excluidas de los derechos sociales.
Lo viejo, el modelo neoliberal implantado a sangre y fuego por la dictadura militar, y continuado en democracia por el menemismo que lo profundizó hasta el estallido de diciembre de 2001 durante el gobierno de la Alianza.
Fue un modelo de desindustrialización, endeudamiento del país, desocupación y ruptura del tejido social solidario que tuvo su origen en el terrorismo de Estado.
Lo nuevo, el gobierno encabezado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández DE Kirchner comenzó a desarticular cada paradigma del modelo neoliberal a contramano de las imposiciones del capitalismo financiero interacional.
El estallido de ese modelo, que en Argentina se anticipó en 2001, hoy se refleja en la bancarrota de los países capitalistas desarrollados y que, de no existir la decisión política adoptada a partir de 2003 de romper con las viejas recetas, hubiera provocado en el país una nueva y poderosa crisis superior, incluso, a la que vive actualmente Europa.
La desarticulación del primer paradigma, la desindustrialización, consistió en impulsar el desarrollo de la industria a través de "la acción disciplinadora del Estado sobre la burguesía nacional existente, o la nueva que nazca por la sustitución de importaciones y el proteccionismo" como "apuesta final para que la elite empresaria, sujeto económico esquivo en comprometerse con los destinos del país, sea un actor activo en la ampliación de la frontera productiva, en la creación de empleo, en el aumento de las exportaciones, y en definitiva, en el desarrollo nacional". (Alfredo Zaiat, "Economía a contramano")
Esta política fue acompañada de decisiones tendientes a lograr la soberanía económica: desendeudamiento con los organismos financieros internacionales; renegociación de la deuda externa y cancelación de la deuda con el FMI.
Un paso decisivo fue la nacionalización de las AFJP para que los depósitos previsionales volvieran a estar en manos del Estado, asegurando así que los haberes de trabajadores, futuros jubilados, no se perdieran en las especulaciones bursátiles y que los actuales pudieran seguir cobrando, en tanto que el gobierno puede disponer de recursos para impulsar la producción.
La creación de nuevos puestos de trabajo posibilitó la reconstrucción del mercado interno mediante el consumo y en esto también influyeron la reactivación de las paritarias, en las que los trabajadores, a través de sus sindicatos, pudieron volver a discutir con los empresarios las pautas salariales.
Otros hechos estratégicos para reconstruir la economía fueron la reestatización de Aerolíneas Argentinas, línea de bandera destinada a desaparecer en manos privadas y la nacionalización de YPF, para recuperar la soberanía energética.
La Asignación Universal por Hijo destinada a quienes aún están desocupados no sólo fue una medida de estricta justicia social, sino que también contribuyó a fortalecer el mercado interno.
Por un momento habría que detenerse a pensar qué hubiera pasado con la economía del país si Néstor Kirchner, con el decidido apoyo del venezolano Hugo Chávez, no hubieran podido impedir el intento del entonces presidente norteamericano, George Bush, de aplicar en la región el ALCA durante la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Mar del Plata.
La crisis de sobreproducción que hoy viven los países capitalistas desarrollados se hubiera volcado sobre los países latinoamericanos destruyendo los intentos de industrialización, como en el caso de la Argentina.
En lo político y económico a escala regional la gestión kirchnerista impulsó la integración regional con el fortalecimiento del Mercosur, la Unasur y la Celac, organismos que pueden actuar en forma mancomunada frente a las pretensiones de las naciones
desarrolladas de manipular las economías regionales y modificar el rumbo de los gobiernos.
Otro paradigma desarticulado en estos diez años fue el que sostenía que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura ya no podían ser juzgadas y que ese capítulo lo habían cerrado el punto final, la obediencia debida y los indultos a los represores.
El gobierno logró derogar esas leyes y se retomaron los juicios a los responsables de la represión. Muchos de ellos cumplen condenas y como dato emblemático se puede decir que el dictador Jorge Rafael Videla murió en prisión.
Los derechos sociales y la igualdad ante la ley también alcanzaron su momento de justicia con la sanción del matrimonio igualitario -una medida que los sectores conservadores no pudieron impedir- y la identidad de género.
La Ley de Comunicación Audiovisual, resistida por grupos mediáticos que interpusieron medidas cautelares ante la Justicia, sigue su camino, y la decisión de la Corte Suprema de declararla constitucional constituyó un triunfo en ese proceso.
Lo importante de la ley de medios es que logró instalar un debate en la sociedad sobre qué significa la libertad de expresión y si ésta sólo puede estar concentrada en un grupo de empresas o debe multiplicarse a través de la creación de distintos medios que no puedan monopolizar la información.
Un capítulo aparte -aunque relacionado con todos los paradigmas que se fueron desarticulando durante estos diez años- es la incorporación masiva de la juventud a la actividad política, un hecho que parecía no volver a repetirse después la noche de la dictadura y el modelo neoliberal, basado en el individualismo y la falta de compromiso social.
Esa incorporación no se da sólo en el interés por la política y el debate -sobre todo en los estudiantes secundarios y los jóvenes trabajadores- sino en la militancia a través de distintas organizaciones.
El voto a los 16 años destruye otro paradigma: "no están preparados para decidir", otro viejo prejuicio conservador que también ha comenzado a morir.
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