El fiscal platense Néstor Hugo Tesón hizo un intervalo ayer en la sede del Ministerio Público para mantener una entrevista y se refirió a la causa que investiga.
“Los que resultaron beneficiarios están declarando lo que pasó. Explican su situación y algunas de las personas reconocen que advirtieron algo raro en todo esto”, comenzó diciendo el funcionario judicial.
Agregó que “cada uno tiene una percepción distinta de lo que sucedió y es difícil hacer un paneo general. Hemos notado que se trata de gente de trabajo, de escasos recursos económicos y con necesidades”.
Al respecto, el fiscal de la UFI Nº 4 aseveró que “esta realidad social se tendrá en cuenta al momento de resolver cada caso por separado”.
-¿Las personas pudieron ser engañadas en su buena fe?
-No descarto que haya habido engañados, pero también considero que registraban conocimiento acerca de que algo extraño podía haber en esas jubilaciones, ya que no se tratan de trámites comunes.
La gente en general sabe que para obtener un beneficio jubilatorio no es tan fácil de conseguir, lleva mucho tiempo y esto salía rápidamente.
¿Cómo era la maniobra delictiva?
-Lo que puedo decirle que, de tan sencilla que era la maniobra, sorprende. Era una carga de datos informáticos, ya que no había soporte de papel para justificar los beneficios jubilatorios.
Simplemente, se cargaba en el sistema del Instituto de Previsión Social (IPS) un beneficio y se libraban los giros para hacer efectivos los pagos.
Una vez que se acreditó todo esto con la investigación que llevó adelante el doctor Paolini (fiscal de la UFI Nº 8 en su momento), se estableció la participación de empleados infieles en el organismo previsional.
Toda esa maniobra no hubiese sido posible si no había gente dentro del IPS, ya que los “intermediarios” desde afuera del organismo captaban a los presuntos beneficios.
-¿Cuántos implicados del IPS hay en todo esto?
-Desde hace un par de años son dos los imputados que están detenidos y ahora se sumó otra persona más que está en una situación procesal similar.
-¿Los beneficiarios cobraban jubilaciones como si hubiesen sido integrantes del Poder Judicial bonaerense?
-Así es, en realidad, cobraban otras personas que estamos investigando. Quienes declararon aseguraron que ellos para acceder al retroactivo (el primer pago con cifras considerables) acudían necesariamente al banco y presentaban el DNI para hacer el trámite correspondiente.
Luego, el dinero lo percibían otras personas y a los beneficiarios les entregaban una ínfima parte, en algunos casos.
-¿Las personas detenidas en Necochea están todas imputadas?
-Todos los arrestados fueron imputados de algún delito. Los beneficiarios que cobraban las jubilaciones están acusados de “coautores de defraudación a la administración pública” y las demás personas están acusadas de pertenecer a una “asociación ilícita”.
-¿Las personas están todas detenidos por el momento?
-Si, por supuesto, la Fiscalía pidió las detenciones al Juzgado de Garantías del doctor Guillermo Federico que las otorgó y ahora vamos evaluar caso por caso.
Lo que se les imputa a los beneficiarios es un delito “excarcelable” pero más allá de ello, la Fiscalía va a hacer un análisis de cada persona para definir si es necesario mantener una medida de coacción o no.
Entre los beneficiarios hay amas de casa, changarines, ciudadanos humildes y deberemos determinar la responsabilidad de cada uno en todo esto.
-Cuál es la situación del abogado Enrique Del Hoyo?
-Le estamos imputando la figura legal de “asociación ilícita y defraudación a la administración pública”, 24 casos. Está vinculado a una asociación ilícita.
-De encontrarlo culpable la Justicia, ¿qué pena le podría caber?
-Es muy difícil determinarlo en este momento. Los hechos que se le imputan es un concurso real de delitos y se suman a lo máximo de la pena.
La figura legal de “asociación ilícita” tiene un mínimo de 3 años de prisión y un máximo de 10 y la “defraudación” es hasta 6 años, y en este caso estamos hablando de 24 hechos. Si se tendrá en cuenta si llegamos a realizar un juicio oral, el perjuicio que se le ha generado al Estado porque la maniobra delictiva es de $ 40 millones.
-Podría tener alguna conexión con la causa que investigan un geriátrico que funciona en Necochea?
-La verdad es que no hemos advertido ese caso, no lo descarto, pero aclaro que las personas que vinieron a declarar como beneficiarios, no estaban vinculadas a un geriátrico. Todo es materia de investigación y hoy (por ayer) ha sido un primer paso el que dimos.
Las personas que percibían haberes han declarado y vamos a continuar con la investigación en los próximos días. La causa sigue abierta.
-¿Cuál fue la postura del doctor Del Hoyo, declaró o no?
-No, se acogió al beneficio de no declarar, ya que es una garantía constitucional y la Fiscalía no lo puede tomar a esto en su contra. En realidad, es una estrategia de los defensores y está en todo su derecho de mantenerse callado en este momento.
–Quién asiste legalmente al abogado?
-Lo representa un estudio letrado de La Plata.ftte//Ecos Diarios
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