"Son personas mayores que han obtenido una jubilación. Actuaron de buena fe y pensaron que tenían un beneficio jubilatorio, pero con el correr del tiempo se dieron cuenta que era todo un fraude", señaló.
En cuanto a lo procesal, el fiscal de la causa consideró que no había mérito para que continúen su detención por lo que solicitó al juez de Garantías que les otorgue la libertad. Se prevé que en las próximas horas, ya estarían en condiciones de regresar a sus hogares.
Rosello indicó que "fueron denunciados como autores de una serie de defraudaciones al Estado y a través de sus declaraciones vamos a poder acreditar que en realidad son víctimas, que abusaron de su buena fe".
Se trata de personas de bajos recursos que necesitaban un beneficio o pensión y cayeron en manos del ex director de la Escuela Católica, Enrique del Hoyo, quienes están señalados como cómplices.
La Justicia ha podido acreditar su buena fe a través de la declaración indagatoria, ya que "ni siquiera cobraron la suma de dinero que deberían haber cobrado, hablamos de sumas millonarias y cuando empezamos a ver su patrimonio, su forma de vida, no coincide. Al fiscal le quedó claro que ellos nunca percibieron ese dinero y en un tiempo vamos a solicitar su sobreseimiento".
Las personas, cercanas a los 75 años, fueron trasladadas a Mar del Plata en un camión de Policía y pasaron la noche allí. Uno de ellos es enfermo oncológico y recibe tratamiento de quimioterapia y el resto tiene problemas de salud de relativa gravedad.
"No se tuvo en cuenta para nada la situación de estas personas, el objetivo era presionarlos, detenerlos para que ellos puedan contar quién había sido la persona que les otorgó este supuesto beneficio", sostuvo Rosello y dejó en claro que "hay que diferenciar entre quienes realizaron la estafa y los beneficiarios que, a mi entender y el del fiscal, son víctimas".
El beneficio de la jubilación "trucha" lo recibieron por pocos meses y cobraban el equivalente a una jubilación mínima de no más de 5 mil pesos, mientras que los perpetradores de la estafa se quedaron con aproximadamente 2 millones de pesos por cuenta, ya que los hacían cobrar como funcionarios del Poder Judicial o del gobierno.
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